La Plataforma reprocha al alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, que no haya cumplido en septiembre su compromiso de hacer dos manifestaciones mensuales en la travesía
La Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael ha realizado una ampliación de la denuncia en el expediente que mantiene abierto el b para la investigación sobre la grave situación de seguridad vial en la travesía de San Rafael. En concreto, denuncian a la “Subdelegación del Gobierno en Segovia por las prohibiciones de las dos manifestaciones convocadas el pasado agosto por el Ayuntamiento de El Espinar, prohibiciones decretadas por el subdelegado accidental del Gobierno en Segovia Francisco Javier de Santos Pérez”, señalan.
Tal y como asegura la Plataforma, la Subdelegación del Gobierno en Segovia “prohibió ilegalmente las dos manifestaciones al utilizar de forma espuria el artículo 10 de la LO 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión (LRDR), en la que se permite la prohibición a la autoridad gubernativa si «considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes». La reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional (STC 36/1982, STC 59/1990, STC 42/2000 o 225/2002) establece que este artículo se debe de interpretar restrictivamente, cosa que no hizo la Subdelegación del Gobierno en Segovia en sus dos resoluciones prohibitivas cuando recurrió como único argumento a que manifestarse en la carretera Nacional 6 provocaría grandes retenciones de tráfico. Está claro que la afectación al tráfico vial de una manifestación, por muy incisiva que pueda ser, no entra dentro del motivo de prohibición del artículo 10 LRDR, ya que una retención vial a causa de una manifestación no supone una «razón fundada de que pueda producir alteraciones del orden público», y mucho menos «con peligro para personas o bienes», como señala la ley”.
Explican que ese mismo artículo establece que “la autoridad gubernativa […] podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación”. Algo que según la Plataforma “la Subdelegación del Gobierno en Segovia no propuso en sus dos resoluciones ninguna modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la manifestación, hecho mucho menos restrictivo que la simple prohibición de la manifestación. El artículo 10 LRDR establece que esta propuesta de modificación debe de partir de la propia autoridad gubernativa, y no del convocante de la manifestación. Por el contrario, la Subdelegación del Gobierno en Segovia, al final de ambas resoluciones y tras decretar la prohibición de las manifestaciones, dejó en manos del promotor de la manifestación el realizar una nueva comunicación con otra propuesta diferente, en vez ser la propia Subdelegación la que realizara la propuesta, tal y como establece el artículo 10 LRDR”.
Consideran que “se ha producido una grave vulneración del derecho fundamental a la manifestación recogido en el artículo 21 de la Constitución ya que el Estado, que es la Administración competente para poner solución al problema de seguridad vial en la Travesía de San Rafael, no solamente no realiza ninguna actuación desde hace décadas para dar una solución definitiva, sino que además prohíbe ilegal y reiteradamente la celebración de manifestaciones en las que los vecinos de San Rafael pretenden reclamar a esa misma Administración que abandone su dejación de funciones y dé solución definitiva a dicho problema. E irónicamente, para argumentar estas prohibiciones, la Subdelegación utiliza precisamente como único argumento la existencia de ese problema: la gran cantidad de tráfico existente en la travesía de San Rafael. Consideramos que este hecho es simplemente intolerable en un estado de Derecho”.
Por otro lado, reprochan al alcalde del Ayuntamiento de El Espinar, Javier Figueredo, “el no haber ejercido su derecho a recurrir en los tribunales las ilegales prohibiciones de las manifestaciones por parte de la Subdelegación; así como el rápido incumplimiento de su palabra dada el pasado agosto, cuando se comprometió públicamente a convocar dos manifestaciones mensuales en la travesía de San Rafael hasta que el Gobierno diera una solución al problema, ya que este mes de septiembre no hemos vuelto a tener noticias por su parte”, concluyen desde la Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael.
