Exigen que se licite la concesión pendiente de 2029-2036 bajo el sistema de «peaje en la sombra» para solucionar el problema del tráfico
La Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael ha presentado dos nuevas denuncias ante la Unión Europea (UE) acusando al Gobierno de España de incumplir los compromisos adquiridos en 2011 para ejecutar una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61.
El conflicto se remonta a las adjudicaciones ilegales de obras realizadas en 1999 por el Gobierno de Aznar, condenadas por el Tribunal de Justicia de la UE en 2010. Para cumplir esta sentencia, España acordó con la Comisión Europea el 30 de marzo de 2011 licitar en noviembre de 2019 una nueva concesión de siete años para el período 2029-2036.
Sin embargo, el Gobierno traspuso incorrectamente este acuerdo al derecho español. Mientras el compromiso europeo establecía que la licitación debía realizarse «en noviembre de 2019», el Real Decreto 525/2012 español modificó el plazo a «a partir de noviembre de 2019». Más de cinco años después, el Gobierno aún no ha licitado esta concesión obligatoria.
Juan Manuel Gea Fernández y Óscar de Diego del Barrio, portavoces de la plataforma, han conseguido acceso al acuerdo original a través del Portal de Transparencia de la UE, documentando así este incumplimiento ante la Comisión Europea y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
El problema tiene un impacto directo sobre San Rafael, localidad segoviana atravesada por las carreteras N-6 y N-603, alternativas gratuitas a las autopistas de peaje. Esta situación genera 13.000 vehículos diarios en la travesía, de los cuales 2.000 son pesados, cifras que en verano superan los 15.000 vehículos diarios. La gravedad del problema quedó patente con el socavón de marzo pasado en la N-6, que colapsó la conexión del noroeste peninsular con la Comunidad de Madrid.
La plataforma ya había denunciado esta situación al ministro Óscar Puente en noviembre de 2024, siendo «completamente ignorada» en la contestación ministerial de enero de 2025. El Ministerio evitó abordar el incumplimiento de los compromisos europeos, limitándose a enumerar medidas de seguridad adoptadas.
Especialmente criticada ha sido la actitud del Gobierno de ocultar información. El propio ministro Puente declaró en el Senado en febrero de 2024 que no sabía qué sucedería con estas autopistas a partir de 2029, ocultando la obligación legal de realizar una nueva concesión de siete años establecida en el Real Decreto 525/2012.
La solución propuesta por la plataforma es que la licitación pendiente se realice bajo el sistema de «peaje en la sombra», pagando a la concesionaria vía presupuestos del Estado en lugar de cobrar directamente a usuarios. Esto eliminaría las cabinas de peaje y el incentivo para que los conductores eviten las autopistas usando las carreteras que atraviesan San Rafael.
«Con esta denuncia intentamos que sea el actual Gobierno el que redacte inmediatamente las características de la licitación bajo peaje en la sombra, una licitación que debería haberse realizado hace 5 años», explican los portavoces, evitando dar «la patada hacia delante hasta 2029».
La Plataforma solicita a las instituciones europeas que investiguen este incumplimiento e insten al Gobierno a realizar la licitación pendiente bajo peaje en la sombra, dando «solución definitiva al problema de seguridad vial en San Rafael» a partir del 19 de noviembre de 2029. Esta denuncia se suma a las ya presentadas ante el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo español, que mantiene una investigación abierta al Ministerio de Transportes.
