La Comisión Europea estudiará a la empresa Aquona y a las administraciones competentes por posibles incumplimientos de la normativa europea sobre agua de consumo humano
La Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia presentada por Vecinos Núcleos de El Espinar contra la empresa Aquona, el Ayuntamiento de El Espinar, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, por presuntos incumplimientos en la gestión del agua en Los Ángeles de San Rafael.
El caso, registrado con la referencia CPLT (2025)02415, será analizado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión. Bruselas confirma que examinará la denuncia “a la luz del derecho de la Unión Europea aplicable” y comunicará los resultados una vez finalizados el estudio. Los documentos remitidos, en la denuncia presentada el pasado 31 de octubre, incluyen informes, resoluciones judiciales y copias de los análisis publicados en el Sistema Nacional de Información de Aguas de Consumo (SINAC).
Esos documentos sostienen que Aquona incumple de forma reiterada la normativa europea y española. Afirman que la empresa no publica todos los parámetros obligatorios entre ellos los relativos a legionela y ácidos haloacéticos y que no cumple con la frecuencia mínima de análisis completos establecida por ley, entre otras cuestiones. Según la denuncia, en el último año solo se han realizado dos análisis de autocontrol y ninguno de los denominados “completos”, que deberían hacerse al menos dos veces al año e incluir 37 parámetros.
Vecinos Núcleos de El Espinar también acusa al Ayuntamiento de El Espinar y a la Junta de Castilla y León de no ejercer su labor de control. Según la documentación presentada, ni el consistorio ni la administración autonómica realizan sus propios análisis, a pesar de que la ley lo exige.
Otro punto de la denuncia se centra en los precios del agua, que el partido político califica de “ilegales y desmesurados”. La Comisión de Precios de Castilla y León confirmó por escrito que nunca ha recibido solicitud de aprobación de tarifas ni por parte de Aquona ni del Ayuntamiento, algo obligatorio cuando el servicio está en manos de un concesionario privado.
El texto también recuerda la sentencia del Tribunal Supremo 5037/2015, que prohíbe los cortes de suministro por impago al tratarse de un servicio público. Sin embargo, los denunciantes aseguran que la empresa sigue realizando cortes incluso en hogares vulnerables.
Desde la Comisión Europea recuerdan que la apertura de este expediente no resuelve casos individuales, aunque podría derivar en un procedimiento de infracción si se confirma que España ha incumplido la legislación comunitaria.
Fuentes del partido valoran la admisión como “un paso importante después de años de silencio institucional” y confían en que la investigación sirva “para devolver transparencia y legalidad a la gestión del agua en Los Ángeles de San Rafael”.
