PSOE e Izquierda Unida tachan la medida de “gesto estéril” y “esperpento institucional” y el alcalde acusa a la oposición de ponerse “del lado” del Ministerio
El Ayuntamiento de El Espinar aprobó en la sesión plenaria del mes de febrero la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular para declarar ‘persona non grata’ al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La propuesta salió adelante con los siete votos del PP y el rechazo de los cinco concejales de la oposición presentes en el pleno (PSOE e IU), en un debate muy marcado por el conflicto abierto con el Ministerio a cuenta de la reclamación de casi 600.000 euros por la reparación del socavón de la N‑VI en la travesía de San Rafael.
La moción combina dos planos, por un lado, la declaración simbólica sobre la figura del ministro; por otro, la petición expresa al Ministerio de Transportes para que deje sin efecto la reclamación económica y reconozca que el Ayuntamiento no es responsable del hundimiento de la calzada en una vía de titularidad estatal. Cabe destacar que la declaración de ‘persona non grata’ no tiene efectos jurídicos, pero rompe formalmente las relaciones institucionales entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes.
Javier Figueredo: “El Espinar no se rinde ante el chantaje del Ministerio”
Tras el Pleno, el alcalde del municipio, Javier Figueredo, publicó un mensaje en su perfil de Facebook en el que cargó contra el Ministerio y contra los grupos de la oposición que votaron en contra de la moción.
En ese texto, Figueredo afirmaba que “El Espinar no se rinde ante el chantaje del Ministerio ni ante la complicidad de quienes nos dan la espalda” y acusaba a Alicia Palomo (PSOE) y Jacobo Peña (IU) de haber optado por “actuar como escuderos de sus siglas en lugar de como representantes del municipio”.
El regidor sostiene que lo que está ocurriendo es “una auténtica revancha política” por parte del ministro Óscar Puente, a quien acusa, junto a la subdelegada del Gobierno, de haber presionado al Ayuntamiento para desviar todo el tráfico pesado de la N‑6 por el casco urbano de San Rafael durante la crisis del socavón. “Dijimos ‘no’ para proteger a nuestra gente y ahora nos pasan la factura del rencor”, resume en su escrito.
En su publicación, el alcalde reprocha al Ministerio que no solicitara el levantamiento de las barreras de la autopista de peaje mientras sí se obliga ahora al Ayuntamiento a hacer frente a una factura “de casi 600.000 euros”, y critica lo que denomina “estilo Puente”: licitaciones con coeficientes de urgencia que disparan el coste de las obras.
Figueredo asegura que tanto Palomo como Peña “son conocedores de los informes técnicos” y enumera que, según esos documentos, la avería se producía en una infraestructura de titularidad estatal, que el Ministerio habría utilizado “datos falsos de topografía para culparnos” y que el cobro constituye “un abuso de poder”. En este contexto, acusa a PSOE e IU de “ponerse del lado de quienes nos asfixian económicamente” y les emplaza a explicar a los vecinos “por qué defienden el bolsillo de Óscar Puente antes que el presupuesto que debería destinarse a nuestras calles, nuestros parques y nuestros servicios”.
El mensaje concluye con la afirmación de que “este alcalde no va a permitir que El Espinar pague los platos rotos de un Ministerio negligente y de una oposición que ha perdido la dignidad política”.
El PSOE habla de “esperpento institucional” y “ruido mediático”
El Grupo Municipal Socialista, en su nota de prensa posterior al Pleno, califica la declaración de Óscar Puente como persona non grata de “esperpento institucional” y la enmarca en una “estrategia de ruido mediático dictada desde las sedes regionales y nacionales del PP”.
La portavoz, Alicia Palomo, sostiene que el Ayuntamiento se está utilizando como “altavoz de confrontación partidista”, alejándose de las necesidades reales del municipio en materia de infraestructuras, servicios y mantenimiento. A su juicio, se trata de una iniciativa “sectaria y carente de utilidad pública” que no aporta ninguna mejora a la vida de los espinariegos ni contribuye a resolver el conflicto abierto con el Ministerio.
Palomo advierte además de que decisiones de este tipo “no ayudan a tender los puentes necesarios” con el Gobierno central y pueden entorpecer las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre el coste de las obras. El PSOE local contrapone este enfoque al que dice defender: “política útil, priorizando el interés general por encima de cualquier camiseta política”.
La posición de IU: “gesto estéril” y llamada a un acuerdo común
En una nota de prensa, Izquierda Unida de El Espinar califica la moción del PP como una “provocación estéril” que “no supone ninguna solución” al problema de fondo. El grupo recuerda que, a nivel municipal, la declaración de persona non grata “no tiene ningún efecto real o administrativo”, y advierte de que “escala al máximo el conflicto, cuando lo que necesitan los vecinos no son gestos, sino una solución que no cargue sobre El Espinar el peso de ese gasto”.
Su portavoz, Jacobo Peña, subraya que aún hay margen para la negociación, ya que el propio alcalde informó a los grupos de que existe una cita pendiente con la delegación del Ministerio. IU reprocha al PP que, en lugar de apurar esa vía, “parece querer cerrar puertas” y critica además la falta de información a la oposición sobre la llegada del requerimiento del Ministerio y la respuesta inicial enviada desde el Ayuntamiento.
La formación propone retirar la moción y sustituirla por una declaración conjunta de todos los grupos, “claros y firmes con el Ministerio de Transportes, sin necesidad de entrar en provocaciones estériles”.
Un conflicto que se traslada al terreno político local
Con la aprobación de la moción, el pulso institucional entre el Ayuntamiento y el Ministerio se refuerza ahora con un fuerte choque político interno. El PP reivindica la declaración como un paso más en la defensa de los intereses del municipio frente a lo que considera una reclamación “injusta y desproporcionada”, mientras que IU y PSOE coinciden en que se trata de una iniciativa simbólica que complica el escenario de negociación y alimenta la confrontación.
A la espera de la reunión anunciada con la delegación del Ministerio, las tres formaciones mantienen, por tanto, posiciones muy alejadas sobre la estrategia a seguir: el equipo de gobierno local apuesta por combinar la vía institucional con un mensaje político contundente, mientras que la oposición reclama una posición común del Ayuntamiento, centrada en los argumentos técnicos y jurídicos, y alejada, según subrayan, de los gestos y de la personalización del conflicto.
