En la sesión celebrada este miércoles 2 de julio se abordó también la polémica sobre el reparto de la publicidad institucional del consistorio
El Pleno del Ayuntamiento de El Espinar celebró ayer su sesión ordinaria del mes de julio con un extenso orden del día que se prolongó durante más de dos horas, en la que se aprobaron múltiples modificaciones presupuestarias y nuevas ordenanzas fiscales, además de abordar la controvertida cuestión del reparto de la publicidad institucional entre los medios de comunicación durante este 2025.
Los concejales aprobaron tres modificaciones de crédito extraordinario financiadas con remanente de tesorería, pero no sin antes protagonizar un intenso debate que generó 66 intervenciones entre los tres puntos. La concejala socialista María Isabel Robledo Huete fue especialmente crítica con la modificación destinada a cubrir el sobrecoste en la construcción de la nave municipal, cuyo presupuesto se ha disparado casi un 20% respecto al inicial: «El equipo de Gobierno presenta inicialmente unos importes de inversión que, con el tiempo, acaban no teniendo nada que ver con la cifra final», denunció.
Robledo detalló que las partidas afectadas incluyen cimentación, fontanería, estructura y cerramiento, y criticó que este tipo de desviaciones presupuestarias son ya una «tónica habitual». La concejala añadió que los informes técnicos alertan de inestabilidad presupuestaria: «No se puede gobernar un municipio a base de parcheos constantes». Desde el equipo de gobierno, la concejala popular María Teresa Muñoz Payá respondió a las críticas sobre el supuesto incumplimiento de la regla de gasto: «El año pasado cumplieron con todo y se generó superávit».
Entre las nuevas ordenanzas aprobadas inicialmente destaca la reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, que suscitó 35 intervenciones y generó críticas por parte de la oposición. El concejal de Izquierda Unida, Jacobo Peña Conversa, criticó que no se hagan reducciones para colectivos vulnerables como desempleados o personas con discapacidad: «Sus 20 euros le pueden venir bien a una familia en un momento dado», reclamando criterios de equidad y no bonificaciones generalizadas.
La concejala socialista Alicia Palomo Sebastián se sumó a estas críticas: «No podemos estar de acuerdo con esa falta de distinción entre los que se presentan en general y aquellos que reúnan esas condiciones especiales, como por lo largo sí es habitual hacer en este tipo de procesos».
En cuanto a las bodas civiles, la concejala popular María Esther Barreno Matute explicó las nuevas tarifas tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 que traslada competencias al Ayuntamiento. Las celebraciones en dependencias municipales costarán 155,40 euros en días laborables y 226,70 euros en festivos, mientras que fuera de las dependencias municipales el precio será de 236 euros en laborables y 341,40 euros en festivos. Desde el gobierno local aseguran que los cambios «simplemente actualizan lo que ya hacía el juzgado».
Los grupos municipales del Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida presentaron una moción conjunta para la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ el 28 de junio de 2025. Asimismo, el Pleno aprobó una nueva Ordenanza reguladora del servicio de celebraciones de bodas civiles en el término municipal, que permitirá ampliar las posibilidades de celebración de este tipo de ceremonias en El Espinar.
El Ayuntamiento destina más de 35.000 euros en publicidad y deja fuera a La Voz de El Espinar
La polémica sobre la publicidad institucional alcanzó su punto álgido cuando la concejala socialista Alicia Palomo Sebastián cuestionó directamente al alcalde por qué no se había incluido un solo euro de publicidad institucional por parte del ayuntamiento al único medio de comunicación local del municipio.
El alcalde, Javier Figueredo Soto, defendió la decisión argumentando que «en El Espinar hay varios medios de comunicación, no solo uno, y que la publicidad se enfoca en dar a conocer el municipio fuera de la localidad«. Figueredo aseguró que contratos como las campanadas con La 8 Segovia son únicos y no pueden sacarse a concurso, y que «la publicidad en eventos como Intur o Fitur busca atraer gente de fuera del municipio». El primer edil indicó que «se han recibido múltiples ofertas de medios y se elige lo que se considera llamativo para promocionar eventos como Gabarreros», añadiendo que «el año pasado hubo un contrato con un medio de prensa escrita local para promocionar el auditorio».
Respecto al contrato de community manager, mencionado durante el debate, el alcalde negó que sea de 85.000 euros, afirmando que «el importe real es de 28.000 euros anuales, resultado de una licitación pública». Desmintió que sea «alguien al servicio del alcalde» y lo comparó «con el salario de un administrativo». Lo que estipula la licitación es un valor estimado de 85.500 euros con una duración de 2 años desde su formalización. El presupuesto base de licitación asciende a 34.485 euros, 28.500 euros al año sin impuestos, lo que supone que el adjudicatario percibe más de 2.370 euros mensuales por sus servicios.
La controversia se centra ahora, tras las declaraciones del alcalde en las que apunta a que hay “varios medios de comunicación” en el municipio, en la consideración de qué constituye realmente un medio de comunicación. El máximo representante del consistorio parece que considera como medios de comunicación a plataformas de información digitales, blogs o páginas personales, algunas de ellas por no decir todas, además, están gestionadas por la misma persona a la que ha sido adjudicado el contrato municipal del servicio de community manager, administrador web y gestor de marketing online, Emilio San José Moncayo.
Esta situación ha reabierto el debate sobre la profesionalización del periodismo y la necesidad de distinguir entre medios de comunicación independientes y plataformas de difusión institucionales o personales, no profesionales, blogs, páginas informativas o de entretenimiento, etc. Gran parte de los profesionales del sector reivindican que los medios de comunicación deben estar dirigidos y gestionados por periodistas titulados, no por personal vinculado a las administraciones para las que trabajan, como ocurre en el municipio. Además, en cuanto al contenido, las publicaciones y la responsabilidad de un medio de comunicación y las páginas no profesionales, las diferencias son abismales y se explican por sí solas.
La ausencia de un colegio profesional de periodistas en España, una de las reivindicaciones históricas del sector, hace que no exista una regulación específica que delimite claramente qué constituye un medio de comunicación independiente, respecto a otras plataformas, como las mencionadas anteriormente, lo que permite situaciones como la que se vive en El Espinar.
