La admisión de la denuncia de la Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael abre la puerta a una investigación sobre la falta de licitación y sus consecuencias en la seguridad vial de la localidad
La Comisión Europea investigará la actuación del Gobierno de España en relación con las concesiones de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya admitido a trámite una denuncia presentada por la Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael. El organismo europeo considera que los hechos denunciados se encuadran dentro del derecho de la Unión y ha solicitado a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar.
La denuncia fue presentada en julio de 2025 y se centra en la falta de licitación de la concesión que debe regir el periodo comprendido entre los años 2029 y 2036. Según la Plataforma, el Gobierno español se comprometió en 2011 con la Comisión Europea a sacar a concurso esa concesión en noviembre de 2019, algo que, aseguran, no se ha producido.
Este compromiso está ligado a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró ilegal la concesión adjudicada en 1999. Para dar cumplimiento a ese fallo, se acordó reducir en siete años la duración de la concesión y volver a licitar ese periodo. Sin embargo, la Plataforma sostiene que esa obligación sigue sin cumplirse y que la situación permanece sin resolverse.
Desde el colectivo vecinal denuncian también la falta de claridad por parte del Gobierno sobre el futuro de estas autopistas. A su juicio, existe una situación de incertidumbre jurídica que se ve agravada por mensajes contradictorios procedentes del propio Ministerio de Transportes, que en distintos momentos ha aludido tanto a una nueva concesión entre 2029 y 2036 como a un escenario “previsible” sin peajes a partir de 2029.
La Plataforma vincula directamente esta indefinición con el problema de seguridad vial que arrastra desde hace décadas la localidad de San Rafael. La travesía soporta a diario un elevado volumen de tráfico que utiliza las carreteras N-6 y N-603 como alternativa gratuita a las autopistas de peaje, con una intensidad media que supera los 13.000 vehículos diarios, incluidos más de 2.000 camiones.
Ante esta situación, la denuncia plantea que la nueva licitación se redacte de forma inmediata y bajo el sistema de “peaje en la sombra”, con el objetivo de eliminar las barreras físicas de peaje cuando finalice la actual concesión, el 19 de noviembre de 2029. La Plataforma considera que esta solución permitiría desviar el tráfico de paso, mejorar la seguridad vial en San Rafael y poner fin al impacto que estas autopistas suponen para Castilla y León.
El presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha comunicado oficialmente a los denunciantes que se les mantendrá informados sobre el desarrollo y el resultado de la investigación preliminar que llevará a cabo la Comisión Europea.
